La designación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea ha levantado voces críticas que reclaman una auditoría independiente sobre su gestión como ministra de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante su mandato, Ribera lideró decisiones clave en materia energética, medioambiental y de sostenibilidad, algunas de las cuales han sido duramente cuestionadas por su impacto en el precio de la energía, la falta de transparencia en las concesiones renovables, y la gestión de relaciones con grandes corporaciones del sector.
Colectivos ciudadanos, organizaciones profesionales y algunos partidos de la oposición señalan que la ausencia de rendición de cuentas sobre estos temas podría traducirse en un conflicto de interés en su nuevo rol dentro de la Comisión, especialmente si supervisa áreas que se solapan con decisiones previas como ministra.
“No se puede ignorar el hecho de que quien tomó decisiones polémicas a nivel nacional esté ahora en posición de influir en las mismas materias desde Bruselas”, afirmaron fuentes parlamentarias que piden comparecencias públicas y revisión de contratos adjudicados durante su etapa en el ministerio.
La concesión de una licencia de operador mayorista de hidrocarburos a la empresa Villafuel S.L. por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, cuando estaba dirigido por Teresa Ribera, ha despertado la atención de la Justicia y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La empresa, vinculada a Víctor de Aldama —uno de los principales nombres en el caso Koldo—, fue autorizada a operar en condiciones que, según la UCO, no cumplían los requisitos legales establecidos. Y Teresa Ribera ha reconocido que se reunió con él.
La aprobación se gestionó en solo tres días, a pesar de que Villafuel ya había obtenido dictámenes desfavorables en tres oportunidades anteriores. El capital social de la empresa ascendía únicamente a 15.000 euros, considerablemente menos que lo esperado en este tipo de permisos, y su organización operativa mostraba inconsistencias en la documentación.
Según los investigadores, el ministerio firmó hasta tres resoluciones que beneficiaron directamente a esta sociedad. Además, informes de la UCO apuntan a la existencia de presiones a “altos niveles institucionales” para acelerar la aprobación del expediente, lo que ha derivado en que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, haya solicitado al Gobierno el expediente completo de la concesión.
En febrero de 2025, el Gobierno decidió desactivar definitivamente a la compañía Villafuel, después de verificarse su participación en acciones irregulares. El asunto continúa acumulando implicaciones políticas y administrativas, justo en un momento de especial delicadeza para Teresa Ribera, quien ha sido recién designada como vicepresidenta de la Comisión Europea.
