Telefónica Venezolana, filial de la multinacional española, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para pagar una multa de 85,26 millones de dólares (aproximadamente 80 millones de euros) como parte de la resolución de una investigación sobre un esquema de sobornos a funcionarios del gobierno de Venezuela. La trama, que data de 2014, implicó a la empresa en la obtención de acceso preferencial a divisas estadounidenses a través de una subasta de monedas en el país suramericano.
En este acuerdo, la compañía firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA), lo que le permite evitar un juicio penal a cambio de cooperar con las autoridades estadounidenses. Según las investigaciones, Telefónica Venezolana conspiró para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), encargándose de sobornar a funcionarios a cambio de favores en el acceso a dólares.
El esquema de sobornos y sus implicaciones
En 2014, la empresa participó en una subasta de divisas organizada por el gobierno venezolano. Para asegurar su éxito en la operación y conseguir dólares a tasas preferenciales, Telefónica Venezolana pagó sobornos a intermediarios que, a su vez, entregaron una parte de esos fondos a funcionarios del gobierno. En total, la compañía pagó unos 28,9 millones de dólares a través de proveedores para cubrir estos sobornos, disimulándolos mediante compras infladas de equipos a esos proveedores.
Como resultado de estos pagos corruptos, Telefónica Venezolana logró acceder a más de 110 millones de dólares de la subasta, lo que representó más del 65% de los fondos adjudicados a las empresas en la operación. La investigación mostró que el esquema involucró a varios actores durante la gestión de César Alierta, entonces presidente de Telefónica, y su sucesor José María Álvarez-Pallete, quien en 2014 era el consejero delegado de la empresa.
Medidas adoptadas por la empresa
El acuerdo con las autoridades estadounidenses se alcanzó después de que Telefónica Venezolana cooperara parcialmente con la investigación. Aunque inicialmente se mostró reacia a entregar toda la información requerida, la compañía ha adoptado medidas correctivas. Esto incluye despidos de empleados implicados en los sobornos y una revisión de sus procedimientos internos de cumplimiento anticorrupción. También ha revisado su proceso de aprobación de transacciones con precios no estándar, con el fin de evitar futuros incidentes.
Sin embargo, la sanción se vio atenuada debido a la cooperación posterior de la empresa, a pesar de los obstáculos iniciales en la entrega de pruebas. Por otro lado, el historial de Telefónica con casos de corrupción también jugó en su contra. En 2019, su filial brasileña fue sancionada por un caso relacionado con sobornos a funcionarios públicos de Brasil en el marco de los mundiales de fútbol de 2014 y 2013.
Impacto y declaraciones de las autoridades
El Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó la gravedad del caso y el compromiso con la lucha contra la corrupción. Según la fiscal Nicole M. Argentieri, este acuerdo refleja el esfuerzo de su oficina para responsabilizar a las empresas por sus conductas ilícitas.
Por su parte, el fiscal federal Damian Williams afirmó que la investigación mostró cómo Telefónica Venezolana utilizó el sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios venezolanos corruptos, advirtiendo que su oficina no tolerará el abuso del sistema financiero para mantener privilegios ilegales en mercados internacionales.
Este caso subraya las dificultades para hacer negocios en Venezuela en un contexto de alta inflación y devaluación del bolívar, que afectó la situación financiera de Telefónica en el país. La multa impuesta a la empresa refleja un esfuerzo por resolver los cargos, aunque las investigaciones continúan en torno a las prácticas de la empresa en otros contextos internacionales.