_-_copia.jpg?w=1300&resize=1300,540&ssl=1 "CICIH en Honduras")
La creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos de campaña más importantes de la presidenta Xiomara Castro, ha sido pospuesta una vez más tras la extensión, por quinta ocasión, del acuerdo de cooperación con Naciones Unidas. El comunicado, hecho público esta semana, se da en un contexto de ausencia de progreso en el Congreso Nacional para aprobar las reformas constitucionales necesarias para la operación del sistema anticorrupción.
La parálisis ha despertado críticas desde distintas áreas de la sociedad civil y la comunidad internacional, quienes ven este retraso como una muestra de debilitamiento del compromiso del gobierno para combatir la impunidad. La ausencia de consensos en el ámbito legislativo, especialmente en relación con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, frena la implementación efectiva de la CICIH, a pesar de que se presentó un segundo borrador oficial a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas sociales e institucionales
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, mencionando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, la realización de esta iniciativa requiere de modificaciones legales y constitucionales que necesitan ser ratificadas por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
En respuesta a la nueva prórroga, sectores críticos han expresado su inconformidad con el manejo del proceso. Una diputada del Partido Nacional calificó la renovación como “un zarpazo al pueblo que creía en la promesa de justicia”, reflejando el malestar dentro de la oposición política. En tanto, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han exhortado a romper el bloqueo institucional que impide el avance del proyecto.
Desafíos políticos y fatiga del público
El procedimiento para establecer la CICIH se encuentra con varios desafíos en el ámbito político. Sobresalen las reformas fundamentales que requerirían eliminar protecciones legales vistas por varios actores sociales como una barrera para luchar efectivamente contra la corrupción. Diversos actores han indicado la poca disposición política en el Congreso como una de las razones principales del estancamiento.
Han pasado más de dos años desde que comenzó la administración de Castro, y las agrupaciones de la sociedad civil junto con las redes ciudadanas indican un alejamiento entre las promesas iniciales y lo que se ha llevado a cabo en realidad. Estos grupos señalan que el constante aplazamiento de decisiones importantes ha debilitado la confianza en el gobierno y en todo el sistema institucional.
Llamados a acción y presión internacional
El renovado memorando de entendimiento no incluye una fecha clara para la instalación de la CICIH, lo que, según observadores internacionales, podría poner en riesgo la credibilidad del país en materia de cooperación internacional. La percepción de inmovilidad ha generado escepticismo en actores externos, lo cual podría traducirse en efectos negativos para el respaldo económico y técnico que Honduras recibe para fortalecer su institucionalidad democrática.
Frente a esta situación, diferentes opiniones han señalado la urgencia de agilizar el proceso mediante la rápida aprobación de las reformas requeridas, lo cual facilitaría la firma de un acuerdo final con la ONU. Estas medidas, afirman, no solo activarían un mecanismo para enfrentar la corrupción, sino también demostrarían un firme compromiso con la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
Escenario institucional impreciso
El retraso en la implementación de la CICIH pone de manifiesto los desafíos estructurales que Honduras enfrenta al intentar establecer un sistema que sea independiente y efectivo. Los continuos impedimentos legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, mantienen en espera una de las iniciativas clave para combatir la impunidad en la nación.
El caso pone en relieve las tensiones entre los compromisos internacionales asumidos por el Ejecutivo y las dinámicas internas del Legislativo, así como el desafío de traducir promesas políticas en reformas estructurales concretas. Mientras tanto, el país continúa sin un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de alto impacto, lo que genera interrogantes sobre la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción en el corto y mediano plazo.
