El General de División Roosevelt Hernández, quien lidera el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate en el ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han originado severas críticas que lo relacionan con una politización dentro de la institución militar y ponen en duda la independencia de los poderes del Estado.
Un soldado con experiencia y educación extensa
Originario de Choluteca y nacido en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga historia en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su trayectoria se distingue por una robusta educación en ciencias militares y gestión empresarial, lo cual lo ha posicionado como uno de los oficiales de mayor jerarquía en el país. Desde su designación como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel prominente en las decisiones estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Comentarios y respuestas en el corazón de la polémica
Uno de los eventos más controvertidos de su trayectoria ocurrió en una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando dijo que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una ola de críticas y acusaciones en su contra, especialmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que dicta que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». De acuerdo con varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración evidencia un alineamiento peligroso de los militares con el poder ejecutivo, debilitando la imparcialidad que se espera de las fuerzas armadas en un sistema democrático.
Enfrentamientos con instituciones y medios de comunicación
El general Hernández ha participado frecuentemente en enfrentamientos públicos. En marzo de 2025, se vio envuelto en una disputa con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, acusándola de calumniar a los militares, lo que llevó a una interrupción en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Asimismo, su actitud hacia los medios de comunicación ha generado polémica, pues en junio de 2025 fue acusado de amedrentar a periodistas y fomentar demandas legales por difamación contra medios que cubrían su administración. La respuesta del general a estas críticas ha exacerbado las preocupaciones respecto a la libertad de prensa en la nación, un asunto particularmente delicado en una situación donde la autonomía mediática es esencial para el robustecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones llevadas a cabo por Hernández han causado una creciente inquietud en varios sectores de la sociedad hondureña. Activistas de derechos humanos y líderes políticos de la oposición han demandado su remoción, acusándolo de estar involucrado en un proyecto de «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. En particular, se ha cuestionado su asistencia a reuniones del CNE, una entidad que debe permanecer ajena a influencias militares, y su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales durante las primarias de 2025. Según sus críticos, estas acciones erosionan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la credibilidad del proceso electoral.
División y obstáculos para las Fuerzas Armadas
A pesar de las críticas y de los llamados a su destitución, Hernández sigue en el cargo, defendiendo que las Fuerzas Armadas actúan dentro del marco legal y están dispuestas a enfrentar judicialmente a sus críticos. Sin embargo, su permanencia al frente de la institución refleja una creciente polarización en el país respecto al papel de los militares en la política.
Aunque algunos lo consideran un protector de la institucionalidad y el orden, otros interpretan sus acciones como una muestra de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación refleja los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como dependientes del poder político, sino como una base esencial para la estabilidad del país.
