_-_copia.jpg?w=1300&resize=1300,540&ssl=1 "estafa de Koriun en Honduras")
El enojo de los más de 35.000 hondureños perjudicados por el esquema piramidal de Koriun Inversiones sigue aumentando, mientras que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es objeto de críticas debido a su falta de acción frente al engaño. Los perjudicados reclaman desatención por parte de la entidad responsable de la supervisión financiera y señalan una carencia de reacción tanto en el campo judicial como administrativo.
La inacción de la CNBS ante el engaño financiero
Desde que los primeros signos de problemas en Koriun empezaron a ser reportados, la CNBS estaba al tanto de la situación, pero no implementó acciones efectivas para evitar la escala del fraude. A pesar de recibir avisos formales, la entidad supervisora permitió que la estafa se extendiera sin control durante varios meses. Actualmente, los responsables del fraude siguen sin ser capturados, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Nos prometieron investigar, prometieron acciones, pero la CNBS ha sido cómplice por omisión. Hoy seguimos sin respuestas, sin dinero, sin justicia», declaró uno de los afectados ante los medios. Este sentimiento de abandono es compartido por muchos, quienes se sienten engañados tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según señalan, debieron haber intervenido antes.
La carencia de claridad y las dudas sobre la impunidad
Uno de los reclamos más destacados de los perjudicados es el déficit de claridad por parte de la CNBS. A pesar de las quejas oficiales y las investigaciones en curso, el ente no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun existiera durante un período prolongado. Esta falta de transparencia ha provocado sospechas de una posible protección política hacia ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Distintos ámbitos del país han indicado que la CNBS no solo no logró identificar el fraude a tiempo, sino que también ha sido negligente al no ofrecer la información necesaria sobre cómo se está manejando la situación. Conforme a un abogado de los perjudicados, esta inacción del ente regulador no hace más que empeorar el problema: «Es inadmisible que un ente regulador no haya detectado un fraude de este tamaño de manera oportuna. No solo fallaron en prevenir, hoy fallan en asumir responsabilidades».
Solicitudes de intervención internacional
En respuesta a la falta de acción institucional y el aumento de la insatisfacción entre las personas perjudicadas, diferentes grupos de víctimas han optado por llevar sus demandas fuera de los límites del país. Asociaciones civiles y los directamente afectados están pidiendo oficialmente el respaldo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. El propósito de estas peticiones es que dichas organizaciones supervisen la gestión de la crisis y, en especial, la reacción de las instituciones hondureñas con respecto al escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado debe salvaguardar a los ciudadanos, no proteger a los defraudadores. Esto representa un doble delito: el cometido por Koriun y el permitido por la CNBS al permanecer inactiva». Este sentimiento refleja la desconfianza en la habilidad de las autoridades nacionales para combatir el fraude y asegurar que se haga justicia.
El conflicto institucional y el reto de la gestión gubernamental
El problema revela nuevamente las debilidades del sistema de control financiero en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la equidad y claridad. La ausencia de una reacción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la habilidad del Estado para gestionar crisis similares, lo cual podría tener consecuencias más amplias en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la administración del país.
Las personas perjudicadas continúan aguardando una solución que les deje recuperar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y el secretismo en torno al caso resaltan un reto constante para las autoridades en Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente al aumento de la duda en la gestión de crisis similares.
