Del despacho de Adif al centro del escrutinio judicial: la antigua responsable de la infraestructura española, ahora bajo presión por las pesquisas del “caso Koldo”
Durante años, Adif fue una de las cajas negras más poderosas del Estado: el organismo que decide por dónde pasan las grandes obras ferroviarias, qué se licita, cuándo se ejecuta y con qué proveedores. Hoy, el nombre de quien estuvo en el centro de esa maquinaria, Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes— ya no aparece asociado a inauguraciones ni a planes de inversión, sino a registros, diligencias, restricciones judiciales y una batería de presuntos delitos que la Audiencia Nacional investiga en el marco del llamado “caso Koldo”.
La fotografía política resulta incómoda: una responsable de infraestructura crítica, con la capacidad efectiva de abrir o cerrar las compuertas de la contratación pública, aparece investigada por un juez que señala cinco delitos en el mismo conjunto: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal (siempre como parte de una investigación, no de una condena).
De la crisis del “tren que no cabe” al salto a los tribunales
Su etapa en el perímetro de Transportes ya había quedado marcada por el episodio de los trenes de ancho métrico diseñados con errores de gálibo —la crisis popularmente resumida como “los trenes que no cabían en los túneles”—, que desembocó en dimisiones en la cúpula del sector. Pero aquello fue un daño reputacional; lo que llega después es otra liga: la intervención judicial.
El corazón del caso: contratación “a medida” y sospecha de red de favores
1) La contratación de Jésica Rodríguez en empresas públicas
Uno de los ejes más corrosivos para la opinión pública es el de la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. El juez la citó como investigada para dar explicaciones por esa contratación en Ineco y Tragsatec, un capítulo que ha alimentado el relato de enchufismo con firma pública en el entorno de Transportes.
En términos periodísticos, la preocupación no radica únicamente en la contratación, sino en lo que implica: si se demuestra que existió intervención indebida para ubicar a alguien dentro del ámbito público, el asunto deja de ser “un favor” y se transforma en un mecanismo. Esa es la premisa que orienta la investigación.
2) Contratación pública, licitaciones y esa palabra que todos prefieren evitar: “mordidas”
El segundo bloque adquiere un carácter aún más detonante al abordar el núcleo histórico de la corrupción en España: la adjudicación de obra pública. En julio de 2025, la Audiencia Nacional llamó a declarar como investigados a Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por su supuesta intervención en adjudicaciones irregulares concedidas a ciertos constructores a cambio de pagos ilegales (“mordidas”), según se detalló en la información sobre dichas diligencias.
El juez adoptó medidas cautelares como la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España, una decisión judicial que habitualmente se aplica en procedimientos donde el instructor aprecia riesgos procesales significativos.
3) El registro domiciliario y el “papel” de las mascarillas
A finales de junio de 2025, el juez dio luz verde al registro de su vivienda. Durante esa inspección, según distintas fuentes, la UCO encontró material relacionado con el suministro de millones de mascarillas en el entorno de Adif durante la pandemia. El asunto no radica en el documento en sí, sino en lo que implica dentro del procedimiento, ya que dicho descubrimiento se asocia al momento en que el instructor sitúa el caso dentro de un abanico más amplio de supuestos delitos.
La presión financiera: entidades bancarias, Hacienda y el seguimiento iniciado en 2017
El caso ha pasado igualmente a una fase de rastreo patrimonial. En octubre de 2025 se difundió que el juez solicitó datos a entidades bancarias y a la Agencia Tributaria con el fin de analizar movimientos, cuentas y activos de Pardo de Vera y Herrero, buscando así verificar si hubo algún beneficio económico ligado a la concesión de adjudicaciones.
Este momento suele implicar un giro en el enfoque: cuando una pesquisa adopta un cariz financiero, el relato deja de basarse en “sospechas” y se transforma en un “rastro”, y ese rastro, en situaciones así, es finalmente el que confirma o desmonta la imputación.
Lo que ya se conoce, lo que aún se analiza y aquello que no es posible asegurar
• Lo que se sabe: Hay una investigación formal en la Audiencia Nacional; se han practicado registros; se le atribuyen en fase de investigación cinco presuntos delitos; y se han adoptado medidas y diligencias financieras.
• Lo que se investiga: Si existió un patrón de influencia en contrataciones y adjudicaciones dentro del perímetro de Transportes y si hubo retorno económico indebido.
• Lo que no puede afirmarse con rigor hoy: Que haya una condena o que la “corrupción” esté “probada”. La situación procesal —según las fuentes citadas— es de investigación.
Por qué el caso golpea especialmente a Adif
Porque Adif no representa una oficina secundaria: actúa como una pieza estratégica del Estado. Si el proceso concluye demostrando que desde el núcleo decisorio se recurrió a favoritismos o a algún tipo de intermediación ilícita, el perjuicio trasciende lo penal: se vuelve institucional, ya que mina la confianza en el sistema de contratación, en los mecanismos de control internos y en el propio discurso de integridad del sector público.
Y por eso, incluso sin sentencia, el caso ya funciona como un espejo incómodo: cuando una exresponsable de infraestructura crítica aparece asociada a una investigación de presuntas mordidas, enchufes y obra pública, el debate deja de ser técnico y se convierte en una pregunta política de primer orden: quién vigilaba a los vigilantes.
