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En el marco de las elecciones en Honduras, Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se encuentra involucrada en diversas controversias vinculadas al uso de fondos públicos y señalamientos por posibles hechos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen tanto procedimientos legales locales como litigios en foros internacionales, contribuyen a un escenario político caracterizado por la división y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Uno de los principales cuestionamientos hacia Moncada se centra en la utilización de recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. De acuerdo con denuncias actuales, recursos públicos podrían haber sido dirigidos hacia grupos relacionados con el partido en el poder, lo cual ha avivado críticas sobre la aplicación de programas sociales con intenciones políticas.
Estas acusaciones coinciden con un contexto de creciente presión sobre la transparencia en el uso del gasto público en año electoral, en el que diferentes sectores han exigido controles más estrictos sobre la ejecución de fondos destinados a asistencia social.
Informe mundial presentado al FBI
El asunto adquirió una dimensión global a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, quien es de nacionalidad estadounidense, interpuso una demanda ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y a otros representantes del gobierno. La denuncia señala irregularidades en la administración y abuso de funciones públicas que podrían haber impactado en las inversiones del exterior en el país.
Hasta el momento, la aspirante de LIBRE no ha emitido ningún comentario públicamente sobre esta acusación, la cual podría tener repercusiones diplomáticas si progresa en tribunales en el extranjero. La falta de posicionamiento oficial ha intensificado la discusión sobre la habilidad de reacción del sistema político de Honduras frente a desafíos internacionales.
Recorrido de estudios y consultas anteriores
Las disputas que actualmente involucran a Moncada no son recientes. En 2009 y 2013, fue investigada por supuesto abuso de poder y fraude mientras trabajaba en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de estar relacionada con contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas ocasiones los tribunales hondureños dictaron sobreseimiento definitivo, su nombre ha seguido surgiendo en reportes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de fiscalización.
Recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos contra Moncada y varios otros funcionarios. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles del caso, lo que ha creado incertidumbre respecto al progreso judicial y ha aumentado las dudas acerca de la transparencia del proceso.
Conflictos institucionales y críticas sobre el ejercicio del poder
La candidatura de Moncada, además de las acusaciones por corrupción, ha sido objeto de críticas acerca de su participación en funciones gubernamentales mientras aspira a la presidencia. Algunos grupos han puesto en duda su implicación en la creación de propuestas y revisiones que, según sus opositores, van más allá de las responsabilidades de su posición actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el equilibrio institucional.
Estas críticas se intensifican debido a que la candidata ha ocupado puestos gubernamentales durante su campaña, lo cual ha suscitado inquietudes sobre potenciales conflictos de interés y el probable uso de recursos del estado a favor de su postulación. Entidades de la sociedad civil han hecho un llamado a una supervisión más activa por parte de los ciudadanos y al refuerzo de sistemas de transparencia para asegurar la justicia en el proceso electoral.
Un panorama marcado por la desconfianza institucional
La situación de Rixi Moncada destaca los retos que Honduras tiene en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para el futuro político del país, las acusaciones de corrupción y las discusiones sobre el manejo de los fondos públicos se han posicionado como temas principales en el debate nacional.
Aunque las autoridades no han aclarado aún el curso judicial de las acusaciones en su contra, la figura de Moncada continúa siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían afectar de manera directa la legitimidad del proceso electoral de 2025 y la percepción ciudadana respecto a la independencia de las instituciones.
