_-_copia.jpg?w=1300&resize=1300,540&ssl=1 "Requerimientos fiscales contra el CNE")
El supuesto lanzamiento de exigencias fiscales hacia los tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha provocado un debate político en Honduras, a poco más de un año de los comicios generales planeados para noviembre de 2025.
Aunque la Fiscalía ha desmentido oficialmente la existencia de denuncias directas contra Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, el anuncio sobre las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo ha suscitado preocupación entre figuras políticas y entidades de la sociedad civil, quienes temen que el sistema judicial sea utilizado como herramienta para socavar la independencia del organismo electoral.
Respuestas ante las acciones del Ministerio Público
La versión oficial del Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Johel Zelaya, sostiene que no se han emitido requerimientos específicos contra los miembros del CNE. Sin embargo, el propio Zelaya reconoció que existen al menos seis requerimientos relacionados con fallos logísticos detectados en el proceso electoral reciente, entre ellos el transporte de materiales, el funcionamiento del sistema biométrico y la distribución de maletas electorales.
Organizaciones como Defensores de Honduras han indicado que estos movimientos podrían estar vinculados a una táctica para influir políticamente en el CNE, alertando sobre una posible «acción judicial» dirigida a debilitar la institucionalidad del organismo electoral. A esta inquietud se han añadido sectores opositores, como el Partido Liberal, que consideran desmesurado y parcial el enfoque del Ministerio Público. Según este grupo político, cualquier investigación debería abarcar también a otros actores del proceso electoral, como las Fuerzas Armadas, que estuvieron involucradas en la logística de las elecciones.
La observación más frecuente se enfoca en lo que se considera una acción puntual y rápida por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, se ha criticado el limitado plazo proporcionado al CNE en ciertas situaciones, apenas tres horas para presentar la información requerida durante las investigaciones, lo cual algunos grupos interpretan como una forma de coerción institucional.
Conflictos institucionales y peligro de litigios electorales
La coyuntura presenta un panorama complicado para la institucionalidad democrática de la nación. Desde diversos sectores opositores se ha señalado que una posible intervención judicial en el CNE podría llevar a la paralización de sus actividades o incluso a la destitución de algunos de sus consejeros, lo que impactaría en la organización y dirección del proceso electoral de 2025. La posibilidad de que se establezca un control político sobre el organismo electoral es considerada una amenaza directa a la transparencia y la credibilidad de las próximas elecciones.
El temor a una judicialización del proceso electoral no es nuevo en el contexto político hondureño, pero adquiere mayor relevancia ante la proximidad de los comicios generales. La percepción de que se podrían usar herramientas legales con fines políticos contribuye a un clima de desconfianza ciudadana, debilitando la participación y la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio del voto.
Solicitudes de justicia y supervisión del procedimiento
Frente a esta situación, diferentes sectores han enfatizado la importancia de mantener el equilibrio institucional y asegurar una justicia neutral. Están de acuerdo en que cualquier examen sobre anomalías en el proceso electoral debe llevarse a cabo con precisión técnica, claridad y sin inclinaciones políticas. También destacan la relevancia de una supervisión activa de la ciudadanía, las entidades de supervisión electoral y la comunidad internacional para garantizar la igualdad en el proceso democrático.
El incidente también destaca la debilidad de los sistemas de balance institucional en Honduras. Sin una reforma profunda que refuerce la autonomía de las entidades de fiscalización y monitoreo, situaciones como esta suelen intensificar los conflictos entre las ramas del gobierno y fomentar la división política.
Un desafío a la estabilidad democrática
A medida que las indagaciones sobre las anomalías en las elecciones primarias progresan, toda la atención se enfoca en cómo el Ministerio Público y el sistema judicial abordarán el asunto. La pregunta principal sigue siendo: si estas medidas tienen como objetivo aclarar hechos específicos o si son resultado de un cálculo político con miras a las elecciones de 2025.
La respuesta a esta pregunta marcará no solo el destino de los consejeros señalados, sino también la credibilidad del proceso electoral en su conjunto. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas se vuelven condiciones indispensables para preservar la legitimidad democrática en Honduras.
