Crecimiento económico sin transformación estructural en Honduras

En un marco de gran fragilidad social y constantes tensiones económicas, el rendimiento macroeconómico de Honduras para 2025 muestra indicios contrastantes. A pesar de que las previsiones oficiales sugieren un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 3.5 % y el 4 %, varios estudios coinciden en que este ritmo de crecimiento es inadecuado para contrarrestar los altos niveles de pobreza y desigualdad que impactan a más del 60 % de la población, especialmente en áreas rurales y entre la juventud.

Desarrollo restringido frente a la pobreza estructural

El aumento económico, aunque permanece en números favorables, no se ha convertido en beneficios concretos para la mayoría de los hondureños. Entidades especializadas señalan que este comportamiento no es resultado de un cambio productivo ni de políticas de redistribución permanentes, sino de una inercia que sostiene al país en una situación de escasa productividad y alta dependencia externa.

La situación es particularmente grave para sectores históricamente excluidos del desarrollo económico. Las zonas rurales, con altos índices de pobreza multidimensional, y la población joven enfrentan barreras persistentes de acceso a empleo digno, educación técnica y servicios públicos de calidad, lo que impide la movilidad social y alimenta ciclos de marginación intergeneracional.

Desempleo juvenil, informalidad y precarización del trabajo

La organización del mercado de trabajo muestra un empeoramiento que trasciende los datos macroeconómicos. Según la información más reciente, más de 386,000 individuos han dejado de participar en la fuerza laboral tras cesar la búsqueda activa de trabajo. Además, hay 1.6 millones de empleados en situaciones de informalidad o empleo precario, careciendo de seguridad social y derechos laborales fundamentales.

El desempleo juvenil constituye una de las expresiones más críticas de esta situación. Más de 750.000 jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral y las proyecciones apuntan a un aumento de al menos 150.000 nuevos casos durante 2025. Esta exclusión genera efectos de largo alcance en la cohesión social, al propiciar procesos de migración forzada o, en contextos más adversos, la incorporación de jóvenes a economías ilícitas.

En paralelo, la falta de formalidad laboral y los sueldos inferiores al mínimo complican el acceso a lo esencial. El precio de la canasta básica está alrededor de los 15.500 lempiras al mes, una cantidad que muchas familias no pueden cubrir, lo cual lleva a los hogares a adoptar medidas de supervivencia como endeudarse o emigrar.

Aumento continuo de precios y deudas del hogar

La inflación interanual se mantiene en niveles superiores al 4.5 %, con un impacto directo sobre alimentos, servicios públicos y bienes esenciales. Este fenómeno erosiona la capacidad adquisitiva de los hogares y acentúa la brecha entre ingresos y costo de vida.

Además, el endeudamiento de las familias hondureñas ha mostrado un incremento constante, restringiendo aún más el margen de consumo y ahorro. Paralelamente, cerca del 40 % de las empresas no cumple con el pago del salario mínimo, lo que evidencia una falta de regulación efectiva del mercado laboral y una débil capacidad de fiscalización por parte del Estado.

Ausecia de paz, desplazamiento y ruptura del tejido social

La situación económica complicada se combina con diversos factores de riesgo que impactan de manera directa en la estabilidad social. Honduras sigue siendo uno de los países con las más altas tasas de violencia a nivel mundial, una realidad agravada por el desempleo, la inequidad y la falta de oportunidades.

La emigración continúa siendo una opción común para miles de hondureños, en su mayoría jóvenes. Las remesas, que constituyen casi el 25 % del PIB del país, apoyan a una gran parte de la población, pero también evidencian una dependencia mayor de recursos externos y exponen al país a riesgos debido a las políticas migratorias de otros países, como Estados Unidos.

La ausencia de trabajo y las oportunidades económicas limitadas no solo fomentan la migración, sino que también promueven la ruptura del tejido social, al excluir a vastos segmentos de la población del sistema productivo y de los mecanismos de protección estatal.

Un panorama que pone a prueba la capacidad de gobernar

La brecha entre los datos macroeconómicos y la vida diaria de los habitantes de Honduras presenta importantes retos para las instituciones. Aunque las declaraciones oficiales se enfocan en resaltar signos de estabilidad, la realidad estructural muestra un sistema económico que no consigue acabar con la exclusión ni disminuir las debilidades sociales.

Esta separación aumenta la presión sobre la legitimidad de las políticas públicas y destaca la urgencia de implementar reformas que promuevan la inclusión económica, el desarrollo de empleos decentes y el refuerzo de los sistemas de protección social. En un escenario de creciente migración, violencia y descontento popular, la continuidad del modelo económico y político del país depende de la habilidad para abordar estas necesidades estructurales con acciones profundas.