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Con vistas a las elecciones generales de 2025, el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrenta a críticas intensas provenientes de políticos, empresarios y grupos sociales que lo acusan de implementar medidas que ponen en riesgo la claridad y validez del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a entidades esenciales hasta intentos de dominación política del ente electoral.
Preguntas sobre la función de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los temas centrales de disputa ha sido la suspensión del proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados con LIBRE obstruyeron la entrada a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías ofertantes entregaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, describió estas acciones como un ataque directo al proceso electoral, señalando su efecto adverso en la confianza en la institucionalidad democrática. La paralización del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también fortaleció la percepción de que se busca crear condiciones para alterar los resultados.
Además, se han documentado casos de presión ejercida por grupos relacionados con LIBRE, que incluyen incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones del estado. Estos acontecimientos, en su conjunto, han sido vistos por grupos opositores como una estrategia destinada a debilitar la independencia del CNE y facilitar su eventual dominio político.
Riesgos de concentración de poder en el órgano electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, tomen el control en caso de que las consejeras actuales sean inhabilitadas, ha generado preocupación entre los actores políticos, quienes opinan que tal reemplazo comprometería la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de debate, se ha señalado que un CNE sin equilibrio amenazaría la neutralidad del proceso electoral.
Varias personas han pedido la acción de entidades internacionales para supervisar las determinaciones institucionales vinculadas al proceso y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha reportado un supuesto empleo instrumental de otras entidades del Estado, tales como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para apoyar la alineación del CNE con los propósitos del oficialismo.
Estas presiones han llevado a múltiples sectores a solicitar un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, frente a lo que perciben como un riesgo creciente para la integridad del proceso democrático.
Se señalan casos de información falsa y manejo del votante
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
La circulación de estos sondeos ha sido interpretada como parte de una estrategia para moldear la percepción pública e instalar la idea de un triunfo inevitable, lo que a juicio de sectores opositores busca condicionar el resultado electoral y deslegitimar una eventual derrota. Este tipo de prácticas ha contribuido a profundizar el clima de desconfianza que rodea al proceso electoral.
Dentro de un escenario ya afectado por el declive del diálogo político y la polarización de las instituciones, la expansión de datos engañosos ha llegado a ser un elemento más de inestabilidad, con posibles impactos sobre la participación de la ciudadanía y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, el panorama plantea desafíos sustanciales para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este escenario, la atención recae sobre la capacidad de los actores políticos e institucionales para restablecer condiciones mínimas de confianza y asegurar un proceso electoral legítimo y transparente.
