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En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2025, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de actores políticos, empresariales y sociales que lo acusan de impulsar acciones que comprometen la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las denuncias abarcan desde bloqueos a instituciones clave hasta intentos de control político del organismo electoral.
Interrogantes sobre el papel de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Una de las mayores fuentes de controversia ha sido la suspensión en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados a LIBRE bloquearon el acceso a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), dificultando que las compañías proveedoras presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, declaró que estas acciones representan un ataque frontal al proceso electoral, señalando su efecto desfavorable en la confianza hacia la institucionalidad democrática. La interrupción del desarrollo del TREP no solo postergó la planificación electoral, sino que también fortaleció la idea de que se busca crear un ambiente favorable para alterar los resultados.
Además, se han documentado episodios de presión institucional por parte de colectivos vinculados a LIBRE, lo que incluye incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos eventos, en conjunto, han sido vistos por sectores opositores como un intento de debilitar la autonomía del CNE y permitir su posible control político.
Peligros de la acumulación de poder en la entidad electoral
La posibilidad de que los suplentes del CNE, afines al partido de gobierno, asuman funciones, en caso de inhabilitación de las consejeras actuales, ha encendido las alarmas entre actores políticos que consideran que esta sustitución socavaría la pluralidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y espacios de análisis se ha advertido que un CNE sin contrapesos pondría en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.
Varias personas han pedido la acción de entidades internacionales para supervisar las determinaciones institucionales vinculadas al proceso y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha reportado un supuesto empleo instrumental de otras entidades del Estado, tales como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para apoyar la alineación del CNE con los propósitos del oficialismo.
Estas presiones han llevado a múltiples sectores a solicitar un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, frente a lo que perciben como un riesgo creciente para la integridad del proceso democrático.
Acusaciones de desinformación y manipulación del electorado
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
El movimiento de estas encuestas ha sido visto como una táctica para influir en la opinión pública e infundir la noción de una victoria segura, lo que, según algunos grupos opositores, pretende influir en el resultado de las elecciones y cuestionar la legitimidad de una posible derrota. Este tipo de acciones ha ayudado a aumentar el ambiente de desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un entorno caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización de las instituciones, la multiplicación de información falsa se ha vuelto un elemento más de inestabilidad, con posibles consecuencias para la participación de los ciudadanos y la aceptación de los resultados.
Una etapa previa a las elecciones caracterizada por la falta de confianza
La mezcla de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y estrategias de desinformación ha puesto al proceso electoral en Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las alertas sobre una posible crisis en la gobernabilidad reflejan la intensidad de las tensiones políticas en un entorno donde la estructura institucional está sometida a presión y los mecanismos de acuerdo siguen bloqueados.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, el panorama plantea desafíos sustanciales para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este escenario, la atención recae sobre la capacidad de los actores políticos e institucionales para restablecer condiciones mínimas de confianza y asegurar un proceso electoral legítimo y transparente.
