_-_copia.jpg?w=1300&resize=1300,540&ssl=1 "estafa de Koriun en Honduras")
La ira de más de 35,000 ciudadanos hondureños perjudicados por el fraude piramidal de Koriun Inversiones sigue aumentando, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) está bajo fuego por no actuar frente a la estafa. Los damnificados acusan al ente responsable de la supervisión financiera de dejarlos de lado y señalan la ausencia de acciones tanto judiciales como administrativas.
La inacción de la CNBS ante el engaño financiero
Desde que los primeros signos de problemas en Koriun empezaron a ser reportados, la CNBS estaba al tanto de la situación, pero no implementó acciones efectivas para evitar la escala del fraude. A pesar de recibir avisos formales, la entidad supervisora permitió que la estafa se extendiera sin control durante varios meses. Actualmente, los responsables del fraude siguen sin ser capturados, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Se nos aseguró una investigación, se prometieron medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Hoy en día continuamos sin soluciones, sin dinero, sin justicia», manifestó uno de los damnificados frente a la prensa. Este sentimiento de abandono es compartido por numerosas personas, quienes se sienten defraudadas tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según afirman, debieron haber intervenido antes.»
La carencia de claridad y las dudas sobre la impunidad
Uno de los principales reclamos de los afectados es la falta de transparencia por parte de la CNBS. A pesar de las denuncias formales y de las investigaciones en curso, el organismo no ha emitido un informe público que detalle las irregularidades cometidas ni los fallos en su regulación que permitieron la existencia de Koriun durante tanto tiempo. Esta opacidad ha alimentado la sospecha de que podría existir una protección política sobre algunos de los operadores financieros implicados en el fraude.
Diferentes sectores del país han indicado que la CNBS no solo no logró detectar el fraude a tiempo, sino que también ha mostrado negligencia al no ofrecer detalles relevantes sobre cómo se ha gestionado la situación. Según un abogado que representa a los perjudicados, esta inacción por parte del ente regulador solo empeora el escenario: «Es inaceptable que un organismo de supervisión no haya identificado un fraude de tal magnitud oportunamente. No solo fallaron en evitarlo, ahora también fracasan en asumir la responsabilidad».
Solicitudes para la acción internacional
Debido a la falta de respuesta institucional y la creciente insatisfacción entre las personas afectadas, diversos colectivos de víctimas han optado por llevar sus demandas más allá de los límites nacionales. Entidades civiles y damnificados están solicitando de manera formal el respaldo de entidades internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. El propósito de estas peticiones es que estas entidades supervisen la gestión de la crisis y, especialmente, la conducta de las instituciones hondureñas en relación con el escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado debe salvaguardar a los ciudadanos, no proteger a los defraudadores. Esto representa un doble delito: el cometido por Koriun y el permitido por la CNBS al permanecer inactiva». Este sentimiento refleja la desconfianza en la habilidad de las autoridades nacionales para combatir el fraude y asegurar que se haga justicia.
El conflicto institucional y el reto de la gobernabilidad
El escenario destaca nuevamente las debilidades del mecanismo de supervisión financiera en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la transparencia y la justicia. La falta de una acción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la capacidad del Gobierno para gestionar crisis de esta naturaleza, lo cual podría tener repercusiones más significativas en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la gobernanza del país.
Las personas afectadas, por su parte, continúan aguardando una solución que les facilite restablecer lo perdido y asegure que los culpables del engaño sean enjuiciados. La carencia de una intervención efectiva y la falta de transparencia que envuelven el caso destacan un reto continuo para las autoridades de Honduras: cómo recobrar la confianza de la población ante la creciente duda sobre la gestión de situaciones de esta naturaleza.
