La creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos de campaña más importantes de la presidenta Xiomara Castro, ha sido pospuesta una vez más tras la extensión, por quinta ocasión, del acuerdo de cooperación con Naciones Unidas. El comunicado, hecho público esta semana, se da en un contexto de ausencia de progreso en el Congreso Nacional para aprobar las reformas constitucionales necesarias para la operación del sistema anticorrupción.
El estancamiento ha dado lugar a renovadas críticas de varios sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, que ven la demora como un indicio de la disminución del compromiso del gobierno con la lucha contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente en cuanto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, obstaculiza la implementación efectiva de la CICIH, a pesar de que se presentó un segundo proyecto formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas sociales e institucionales
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, mencionando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, la realización de esta iniciativa requiere de modificaciones legales y constitucionales que necesitan ser ratificadas por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la extensión reciente, sectores claves han manifestado su desacuerdo con la gestión del proceso. Una legisladora del Partido Nacional describió la renovación como “un golpe al pueblo que creía en la promesa de equidad”, mostrando el descontento en la oposición política. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que impide el progreso del proyecto.
Obstáculos políticos y desgaste público
El procedimiento para establecer la CICIH se encuentra con varios desafíos en el ámbito político. Destacan, entre estos, las reformas profundas que requerirían eliminar protecciones legales vistas por grupos sociales como una barrera para luchar eficazmente contra la corrupción. Diversos actores han apuntado que la ausencia de disposición política en el Congreso es una de las razones principales del estancamiento.
Han pasado más de dos años desde que comenzó el mandato de Castro, y las organizaciones comunitarias y las redes de ciudadanos han señalado una brecha entre las promesas originales y las acciones implementadas. Estos grupos destacan que el aplazamiento frecuente de decisiones cruciales ha debilitado la confianza en el gobierno y en todo el sistema institucional.
Solicitudes de intervención y presión global
El actualizado acuerdo de cooperación no señala un plazo específico para la implementación de la CICIH, lo que, de acuerdo con analistas internacionales, podría comprometer la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de estancamiento ha creado desconfianza en agentes externos, lo que podría resultar en consecuencias adversas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para mejorar su institucionalidad democrática.
Ante este escenario, distintas voces han planteado la necesidad urgente de destrabar el proceso mediante la aprobación inmediata de las reformas necesarias, lo que permitiría firmar un acuerdo definitivo con la ONU. Estas acciones, sostienen, permitirían no solo activar un mecanismo de combate a la corrupción, sino también enviar una señal de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Escenario institucional ambiguo
El aplazamiento del procedimiento para establecer la CICIH refleja las complejidades estructurales que enfrenta Honduras para desarrollar un sistema autónomo y efectivo. La constante presencia de barreras jurídicas, junto con la ausencia de acuerdos políticos, mantiene en pausa una de las principales iniciativas para combatir la impunidad en el país.
El caso pone en relieve las tensiones entre los compromisos internacionales asumidos por el Ejecutivo y las dinámicas internas del Legislativo, así como el desafío de traducir promesas políticas en reformas estructurales concretas. Mientras tanto, el país continúa sin un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de alto impacto, lo que genera interrogantes sobre la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción en el corto y mediano plazo.
