El reciente escándalo relacionado con la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha perjudicado a más de 35.000 ciudadanos en Honduras, se ha convertido en un tema central del debate político debido a los cuestionamientos surgidos hacia personas cercanas al entorno del poder presidencial. Las críticas han sido dirigidas principalmente al denominado “familión Zelaya”, expresión utilizada por sectores opositores y grupos ciudadanos para referirse a los funcionarios que tienen lazos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha comenzado procesos judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha tomado medidas como el bloqueo de cuentas y algunas detenciones, sigue existiendo una gran incertidumbre en torno a la claridad y el alcance verdadero de las indagaciones. La ausencia de información oficial específica sobre de qué manera se permitió que el esquema fraudulento operara durante tanto tiempo ha generado nuevas dudas sobre las instituciones responsables de la supervisión financiera y la administración de justicia.
Acusaciones a empleados con conexiones políticas
Entre los individuos señalados en las discusiones públicas están Héctor Zelaya, asistente personal de la Presidencia e hijo del exmandatario Zelaya, y el fiscal general Johel Zelaya. Ambos desempeñan funciones clave desde que comenzó el gobierno actual y, según varios críticos, podrían tener influencia en los procedimientos institucionales vinculados al caso Koriun.
Estas alegaciones surgen en un entorno caracterizado por la división y la desconfianza creciente hacia las entidades estatales. A pesar de que no hay evidencia pública que relacione directamente a los funcionarios mencionados con el fraude, las críticas se dirigen a la posible carencia de imparcialidad en sus acciones y a la gestión arbitraria de sus deberes legales.
Dudas sobre la actuación institucional
La CNBS se ha destacado como una de las entidades más criticadas por su reacción lenta ante la operación fraudulenta, la cual consiguió mover al menos 428 millones de lempiras antes de ser descubierta. La comisión apoyó el comunicado del gobierno para compensar a los perjudicados, aunque no presentó un informe técnico o legal que aclare las condiciones de este procedimiento ni las razones del fallo en los controles preventivos.
El Ministerio Público, bajo la dirección de Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, los progresos de la investigación no vienen acompañados de una comunicación clara y abierta que elimine las incertidumbres acerca del rol de los funcionarios estatales en la omisión o el posible encubrimiento de las irregularidades.
Requerimientos de claridad y supervisión autónoma
Organizaciones de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a crear una comisión autónoma, sea a nivel nacional o con ayuda internacional, que investigue de manera independiente los acontecimientos y potenciales conexiones entre los responsables del esquema y empleados del gobierno. Las exigencias abarcan la presentación de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del fraude, la detección de fallas en los controles económicos y que cualquier individuo involucrado, sin importar la relación familiar o nexos políticos, rinda cuentas.
En diferentes foros ciudadanos se ha señalado que la gestión del caso Koriun podría convertirse en un momento crucial para la confianza institucional del país. «Si el Estado da prioridad a las recompensas políticas sobre la justicia, el daño a la credibilidad institucional es irreparable», se declaró en un reciente encuentro sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una problemática que trasciende lo económico
A dos meses de haberse desatado el incidente, los efectos ya no se circunscriben al ámbito económico. La creencia de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a eventuales responsabilidades jurídicas ha intensificado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre el empleo político de las entidades.
El avance de este procedimiento, la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades independientes influirán no solo en el desenlace legal del caso, sino también en la confianza que los ciudadanos hondureños otorguen a sus autoridades en un entorno de debilidad institucional y fuerte división. La demanda principal, por ahora, se centra en una investigación sin obstáculos y con garantías de transparencia, como requisito indispensable para mantener la legitimidad del Estado de derecho.
