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A poco más de un año de los comicios generales en Honduras, programados para noviembre de 2025, varios sectores políticos y sociales han manifestado inquietud por lo que consideran indicios tempranos de una táctica dirigida a influir en la legitimidad del proceso electoral. Las advertencias vienen de parte de analistas, entidades de la sociedad civil y actores internacionales, quienes observan una serie de iniciativas del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.
Acusaciones sobre discursos y medidas que afectarían el proceso electoral
Dentro de los temas más destacados está el empleo constante de discursos oficiales que sugieren un potencial fraude sin ofrecer evidencias tangibles. Estas afirmaciones apuntan a grupos económicos, medios de comunicación y actores internacionales como presuntos complotadores contra el gobierno, lo cual para ciertos analistas constituye un esfuerzo por crear la percepción de manipulación electoral en el supuesto de perder en las elecciones.
La historia, de acuerdo con analistas, parece tener una doble meta: invalidar por adelantado cualquier resultado adverso y, al mismo tiempo, promover un clima de desconfianza generalizada hacia las entidades responsables del proceso electoral.
Conflictos institucionales y desafíos al organismo electoral
Un tema delicado ha sido la posición que LIBRE ha adoptado respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido en el gobierno tuvo un rol importante en la creación de esta entidad, ahora emite comentarios que ponen en duda su imparcialidad y confianza. Según opiniones críticas, esta táctica busca debilitar la autoridad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Al mismo tiempo, se ha identificado un aumento en los procesos legales contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Estas medidas son vistas por grupos opositores como formas de presión que podrían restringir el diálogo público y la participación ciudadana en un entorno previo a las elecciones.
Además, se ha prolongado el estado de excepción, activo desde 2022 como una medida de seguridad del Gobierno. Aunque su implementación ha sido defendida por razones de lucha contra el crimen organizado, una consecuencia adicional ha sido la limitación de derechos como la libre reunión y circulación, afectando de manera directa el desarrollo de actividades partidarias y la expresión política de la población.
Preocupación por la participación y la estabilidad democrática
La combinación de narrativas de fraude, judicialización de adversarios y restricciones institucionales ha generado preocupación entre diversos sectores sobre una posible desmovilización del electorado opositor. Según analistas, este entorno podría derivar en abstención, apatía o incluso en escenarios de confrontación poselectoral si el resultado es impugnado o desconocido por alguna de las partes.
Estas tensiones están ocurriendo en una época en la que ciertos sondeos muestran una caída en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una posición negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. Dentro de este marco, se ha entendido que el foco del discurso del gobierno en un supuesto fraude es un movimiento estratégico anticipado frente a un entorno electoral desfavorable.
Llamados a garantizar transparencia y respeto al proceso
Varias entidades de ámbito nacional e internacional han expresado su deseo de que el Estado hondureño asuma compromisos sólidos para garantizar la claridad en los procesos electorales. Entre estos compromisos resaltan mantener el cronograma electoral sin alteraciones, evitar cualquier tipo de injerencia política en las instituciones electorales y judiciales, y aceptar públicamente los resultados, independientemente de cómo se desarrollen.
Organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea y grupos de monitoreo cívico han expresado su voluntad de apoyar el proceso, mientras piden que se permita una observación internacional amplia, anticipada y neutral. Estos actores esperan que Honduras asegure un procedimiento donde se respete el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes, sin presiones ni influencias institucionales.
Un panorama marcado por la incertidumbre y la exigencia democrática
El escenario electoral hondureño de cara a 2025 se perfila como un punto de inflexión para la estabilidad institucional del país. Las advertencias formuladas por diversos sectores reflejan una preocupación extendida por la posibilidad de que el proceso sea condicionado por intereses políticos.
Dada la vulnerabilidad del sistema democrático y las crisis postelectorales históricas en el país, el principal reto es garantizar un proceso claro, con seguridad para todos los participantes, que resulte en un desenlace que la población acepte. La legitimidad del futuro gobierno se basará no solo en el sufragio, sino también en la adhesión total a las normas del juego democrático.
