elecciones Honduras

Riesgos institucionales ante elecciones Honduras 2025

A poco más de un año para las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, diversos grupos políticos y sociales han mostrado inquietud sobre lo que describen como indicios tempranos de una táctica destinada a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las preocupaciones son manifestadas por expertos, organizaciones de la sociedad civil e interlocutores internacionales, quienes advierten sobre una serie de medidas del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.

Acusaciones sobre discursos y medidas que afectarían el proceso electoral

Entre las principales preocupaciones expuestas figura el uso reiterado de discursos oficiales que anticipan un posible fraude, sin que se presenten pruebas concretas. Estas declaraciones señalan a sectores económicos, medios de comunicación y actores internacionales como supuestos conspiradores contra el oficialismo, lo que para algunos analistas representa un intento por instalar la percepción de manipulación electoral en caso de una derrota en las urnas.

De acuerdo con los analistas, la historia parece tener un doble propósito: anticipadamente cuestionar cualquier resultado negativo y simultáneamente promover una atmósfera de desconfianza general hacia las entidades responsables del proceso electoral.

Conflictos institucionales y desafíos al organismo electoral

Un punto de alta sensibilidad ha sido la postura asumida por LIBRE frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). A pesar de que el partido oficialista participó activamente en la conformación de dicho órgano, ahora lanza críticas dirigidas a cuestionar su independencia y credibilidad. La estrategia, según voces críticas, apunta a erosionar la legitimidad del CNE en momentos clave del calendario electoral.

Al mismo tiempo, se ha identificado un aumento en los procesos legales contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Estas medidas son vistas por grupos opositores como formas de presión que podrían restringir el diálogo público y la participación ciudadana en un entorno previo a las elecciones.

Además, se ha mantenido el estado de excepción desde 2022, implementado por el Gobierno como medida de seguridad. Aunque se defiende su uso para enfrentar el crimen organizado, ha tenido como consecuencia la limitación de derechos, tales como la libertad de reunión y movimiento, afectando directamente el desarrollo de actividades partidistas y la expresión política de los ciudadanos.

Inquietud por el involucramiento y la solidez de la democracia

La mezcla de relatos sobre fraude, procesos judiciales contra opositores y limitaciones institucionales ha despertado inquietud en distintos grupos acerca de la posible desmovilización del electorado contrario. De acuerdo con especialistas, esta situación podría llevar a la abstención, desinterés o incluso a escenarios de conflicto después de las elecciones si uno de los lados cuestiona o no acepta el resultado.

Estas tensiones están ocurriendo en una época en la que ciertos sondeos muestran una caída en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una posición negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. Dentro de este marco, se ha entendido que el foco del discurso del gobierno en un supuesto fraude es un movimiento estratégico anticipado frente a un entorno electoral desfavorable.

Exigencias de asegurar la claridad y el respeto al proceso

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han emitido pronunciamientos solicitando al Estado hondureño compromisos firmes con la transparencia electoral. Entre ellos, destacan el respeto al calendario comicial sin modificaciones, la no interferencia política en los órganos electorales y judiciales, y la aceptación pública de los resultados, sea cual sea el desenlace.

Organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea y diversas redes de monitoreo ciudadano han expresado su voluntad de apoyar el proceso, mientras que piden que se permita una observación internacional amplia, previa e imparcial. Estos actores esperan que Honduras asegure un proceso en el cual se respete el derecho de los ciudadanos a seleccionar libremente a sus representantes, sin presiones o influencias institucionales.

Un escenario caracterizado por la incertidumbre y la demanda democrática

El panorama electoral en Honduras para el año 2025 se vislumbra como un momento crítico para la estabilidad de las instituciones del país. Las advertencias expresadas por diferentes sectores manifiestan una preocupación general por la potencial influencia de intereses políticos sobre el proceso.

Dada la vulnerabilidad del sistema democrático y las crisis pos electorales que el país ha experimentado, el principal desafío es garantizar un proceso claro, con seguridades para todos los participantes, y que resulte en un resultado que la gente acepte. La legitimidad del gobierno futuro dependerá no solo del acto de votar, sino del respeto absoluto a las normas del juego democrático.

Por Santiago Ordoñez

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