La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrió un nuevo revés judicial este miércoles, cuando la Cámara de Casación Penal ratificó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la llamada Causa Vialidad. Aunque la sentencia es firme, Kirchner recurrirá a la Corte Suprema, la última instancia legal que podría revisar su caso. Sin embargo, el proceso en la Corte podría extenderse por años, dejando en suspenso su futuro judicial. Mientras tanto, Kirchner continuará con sus actividades políticas en libertad.
El próximo 17 de noviembre, asumirá la presidencia del Partido Justicialista, principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei. Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de 2025, su objetivo es reorganizar el peronismo y consolidarse como un actor clave en el escenario político. Tras conocer la sentencia, Milei afirmó: «Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción».
La condena y el origen de las acusaciones
En diciembre de 2022, un tribunal federal condenó a Kirchner por mantener «vínculos promiscuos y corruptos» con el empresario Lázaro Báez, quien, según la acusación, recibió millones de dólares en contratos de obra pública durante la presidencia de Kirchner. La investigación reveló que la expresidenta habría utilizado su poder para favorecer a Báez, quien a cambio habría retribuido los beneficios mediante negocios ilícitos con empresas vinculadas a la familia Kirchner.
El cálculo del desfalco asciende a 84.800 millones de pesos (aproximadamente 84 millones de dólares), dinero que, según los jueces, fue mal administrado en proyectos de infraestructura en la provincia de Santa Cruz, la base política de Kirchner. A pesar de haber obtenido contratos millonarios, Báez dejó muchas de las obras sin terminar, y los jueces concluyeron que la relación comercial entre ambos duró tres mandatos presidenciales, los de Néstor Kirchner y los dos de Cristina.
El rechazo al fallo y el enfrentamiento político
La expresidenta, que en su momento ya había apelado la condena en primera instancia sin éxito, no estuvo presente en la lectura del fallo de la Cámara de Casación. En lugar de acudir a los tribunales, participó en un acto de mujeres en Moreno, un distrito gobernado por su fuerza política. A lo largo del proceso, Kirchner ha sostenido que las acusaciones en su contra forman parte de un «lawfare», o persecución política a través del uso de la justicia.
Durante un reciente encuentro con sindicalistas, Kirchner afirmó: «Tengo muy claro por qué me persiguen. En el peronismo estamos acostumbrados. Eso, lejos de amedrentarnos, nos hace más fuertes». En redes sociales, denunció que su inhabilitación perpetua es el «verdadero objetivo» de los jueces, lo que consideró una proscripción de por vida.
Reorganización política dentro del peronismo
Aunque Kirchner ya se había autoexcluido de la posibilidad de postularse a la presidencia hace dos años, su condena ratificada no ha detenido sus esfuerzos por influir en la política argentina. Ahora, su foco está en reorganizar al peronismo desde el Partido Justicialista y disciplinar a los diputados y senadores de su fuerza política que han respaldado algunas medidas del gobierno de Milei.
Sin embargo, su plan no está exento de desafíos. Algunos gobernadores peronistas no están de acuerdo con la línea verticalista que Kirchner pretende imponer, y la estrategia de fortalecer su control interno choca con los intereses de diferentes sectores del partido. Mientras tanto, el senador José Mayans, cercano a la expresidenta, anunció el inicio del proceso para «recuperar el Gobierno nacional», aunque el objetivo inmediato es frenar el avance legislativo de Milei en las elecciones de 2025 y evitar que el oficialismo deje de estar en minoría.