Sociedad civil hondureña exige investigación por desvío de fondos estatales con fines políticos

Varias asociaciones civiles presentaron este lunes una acusación oficial contra el Gobierno de Honduras ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, alegando un supuesto mal uso de fondos públicos para favorecer al partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE). La demanda surge en medio de un ambiente de creciente tensión institucional y a pocos meses de un nuevo ciclo electoral.

Denuncias registradas y enviadas al Ejecutivo

Las entidades que revelan irregularidades, reunidas en plataformas como el Observatorio Ciudadano por la Transparencia, afirman poseer evidencia que conecta de manera directa a empleados gubernamentales y organismos del Estado con actividades proselitistas. Indicaron que entre las pruebas aportadas se incluyen imágenes, videos y papeles que señalarían el uso de automóviles oficiales, empleados públicos y proyectos sociales para favorecer al partido gobernante.

Entre las instituciones mencionadas en la denuncia figura la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual, de acuerdo con las organizaciones, estaría canalizando fondos hacia actividades de carácter electoral. También se han reportado brigadas gubernamentales que entregan ayuda social con simbología partidaria, lo que ha generado preocupación por la neutralidad del aparato estatal en el periodo preelectoral.

Demandas de investigación y advertencia de acudir a organismos internacionales

En el momento de presentar la denuncia, representantes de la sociedad civil hicieron un llamado al Ministerio Público para que comience una investigación sin demora, enfatizando la relevancia institucional del asunto. «Recursos asignados a proyectos sociales e infraestructura pública están siendo desviados para nutrir la maquinaria electoral de LIBRE», afirmó Miriam Díaz, vocera del Observatorio. Del mismo modo, el abogado César Medina, asesor jurídico de los demandantes, describió el acto como “uso indebido de fondos de los ciudadanos para propósitos electorales”.

Ante la posibilidad de inacción por parte de las instituciones competentes, las organizaciones advirtieron que recurrirán a instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para solicitar acompañamiento y veeduría. El argumento central de esta medida es la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral previsto para noviembre, que podría verse afectado si no se garantiza la separación entre recursos estatales y propaganda partidaria.

Escenario de falta de confianza en las instituciones y elecciones próximas

La queja surge en un contexto político caracterizado por críticas a la administración pública, conflictos entre las diferentes ramas del Estado y acusaciones constantes sobre el manejo arbitrario de los recursos estatales. En este ambiente, las organizaciones de la sociedad civil buscan fortalecer los sistemas de control institucional para prevenir que el gobierno sea empleado para beneficiar intereses políticos determinados.

El acercamiento de los comicios introduce un elemento crucial en estas acusaciones, ya que la confianza en los procesos electorales se basa significativamente en la percepción de justicia y legalidad en el uso de los recursos del gobierno. La acusación directa hacia el Ejecutivo y entidades clave como SEDESOL presenta retos para las entidades fiscalizadoras del Estado, cuya habilidad para actuar independientemente será evaluada bajo el ojo del público.

Escenario institucional en conflicto

El ejemplo demuestra los continuos desafíos en la creación de un sistema político que asegure la claridad en la gestión de los fondos públicos, especialmente durante los procesos electorales. La crítica de la sociedad civil no solo se dirige al Gobierno, sino también a todas las instituciones responsables de preservar la legalidad y la justicia democrática.

A medida que se acerca el proceso electoral, la presión sobre los entes de control aumentará, en un contexto donde la demanda por elecciones limpias y libres de injerencias partidarias se ha convertido en un reclamo recurrente de distintos sectores sociales. El seguimiento a esta denuncia será clave para evaluar la capacidad institucional de respuesta ante prácticas que comprometen la legitimidad democrática.