Diversos grupos sociales, económicos y religiosos han manifestado su inquietud públicamente ante lo que perciben como un retroceso en la democracia institucional de Honduras durante el mandato del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las acusaciones señalan una mayor concentración del poder, una agenda gubernamental que se aleja de las necesidades sociales y la utilización de prácticas clientelistas en la administración pública.
Quejas por acumulación de poder y degradación democrática
Miembros del ámbito empresarial, de la academia, de organizaciones de la sociedad civil y líderes de la comunidad religiosa han coincidido en destacar que la administración actual ha disminuido las oportunidades para la participación democrática, concentrando decisiones clave en el poder Ejecutivo. Esta tendencia, alertan, debilita el balance entre los poderes y pone en riesgo la autonomía de las instituciones.
Un punto principal de la crítica es la supuesta ausencia de claridad en la toma de decisiones y la disminución de los mecanismos de control institucional. Estos grupos advierten sobre el empleo de discursos ideológicos que, en lugar de atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, intensifican la polarización política y restringen el diálogo democrático.
De igual forma, señalan que las promesas de cambios en el Estado han sido sustituidas por sistemas de fidelidad política, donde el clientelismo supera a la meritocracia, impactando tanto la eficiencia de la gestión pública como la credibilidad en el sistema estatal.
Requisitos para un nuevo camino de gestión gubernamental
En este contexto, las entidades que han expresado su opinión señalan la necesidad de modificar el enfoque en la gestión del país. Entre las solicitudes más importantes, se encuentra la promoción de una agenda económica que se enfoque en crear empleo, atraer inversiones y asegurar la seguridad jurídica.
El reforzamiento del sistema de salud pública y la elevación de la calidad educativa también están entre las prioridades mencionadas, junto con la reanudación del diálogo político y el fin de las prácticas de persecución hacia voces críticas o disidentes.
Los grupos que impulsan esta petición están de acuerdo en la necesidad de una planificación clara para resolver los problemas fundamentales del país sin usar tácticas conflictivas. Según ellos, la población necesita soluciones específicas y duraderas en lugar de discursos políticos que agraven el deterioro institucional.
Inquietud social y aumento de la desconfianza pública
La desaprobación del sistema de gobierno vigente ha comenzado a ir más allá de los grupos organizados y se está propagando entre diferentes sectores de la sociedad. El sentimiento de frustración, manifestado por representantes del sector empresarial, académico y religioso, refleja una creciente brecha entre el discurso oficial y las condiciones de vida de la mayoría de las personas.
Los sectores encuestados advierten que la carencia de resultados concretos frente a la crisis económica y social, sumada a acciones autoritarias, ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Este ambiente, destacan, no solo amenaza la gobernabilidad, sino que también reduce las posibilidades de lograr acuerdos esenciales sobre reformas imprescindibles.
Un ambiente de creciente tensión en las instituciones
El surgimiento de críticas desde variados ámbitos señala un momento crucial en la conexión entre el gobierno de LIBRE y grandes partes de la sociedad en Honduras. La demanda común de dejar atrás la polarización y reanudar el diálogo resalta la necesidad imperiosa de reconfigurar las prioridades nacionales dentro de un entorno democrático.
En este escenario, el reto para las instituciones es actuar con honestidad, claridad y dedicación ante una población que pide transformaciones profundas más allá de las palabras. Las tensiones del momento resaltan una falta de confianza y, simultáneamente, la urgencia de reestablecer vías legítimas de representación y participación para abordar los desafíos nacionales.