Honduras: el caso Koriun complica la gestión de Xiomara Castro

El fraude piramidal realizado por Koriun Inversiones ha impactado a Honduras en un momento de desgaste institucional y polarización política. Con más de 35.000 personas afectadas, principalmente en áreas populares del norte del país, el caso no solo puso en evidencia la debilidad del sistema de supervisión financiera, sino que también ha enfrentado al gobierno de Xiomara Castro con uno de los retos más difíciles de su mandato.

Operación sin regulación y colapso del esquema

Durante mucho tiempo, Koriun Inversiones estuvo operando fuera de la normativa, asegurando ganancias del 20 % cada mes, sin poseer autorización oficial ni la vigilancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Aunque esta entidad emitió advertencias públicas en febrero de 2025, indicando que la empresa no contaba con permiso para recibir dinero del público, la actividad siguió sin intervención gubernamental hasta que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público actuaron en abril del mismo año.

Los allanamientos revelaron la magnitud del fraude: más de 358 millones de lempiras en efectivo fueron incautados, además de 69 millones congelados en cuentas bancarias. Las investigaciones concluyeron que no existían inversiones reales que justificaran los intereses prometidos, confirmando que se trataba de un esquema piramidal insostenible.

Impacto social y deterioro político

El efecto del derrumbe ha sido significativo, abarcando tanto lo social como lo político. Mucha gente perdió sus ahorros, lo que provocó manifestaciones, bloqueos y protestas en diversas partes del país, especialmente en Choloma, donde se concentraban la mayoría de los inversionistas. La crisis ha intensificado el descontento de la ciudadanía ante la falta de acción de las autoridades locales y las lagunas en el sistema regulador.

En el ámbito político, el asunto ha impactado de manera desfavorable en la percepción del gobierno. Las críticas se han enfocado en la carencia de supervisión institucional, la tolerancia hacia la operación abierta de Koriun y la falta de medidas preventivas por parte de las entidades encargadas. Los sectores empresariales y las organizaciones de la sociedad civil han cuestionado severamente la fragilidad del estado para evitar fraudes de esta índole.

La iniciativa del Ejecutivo y su polémica

Ante la presión social, el gobierno anunció la elaboración de un proyecto de ley para indemnizar a las personas afectadas, empleando recursos del Presupuesto Nacional. La iniciativa, instruida directamente por la presidenta Xiomara Castro, ha generado fuertes reacciones en el Congreso Nacional y en la opinión pública.

Sectores opositores y colectivos ciudadanos han manifestado su rechazo hacia la iniciativa, sosteniendo que se emplearían fondos públicos para cubrir los gastos de un fraude privado, lo que consideran un precedente alarmante que podría fomentar la impunidad y el uso político del sufrimiento ciudadano. Aunque se ha realizado un anuncio formal, aún no se ha debatido en profundidad el proyecto ni se ha determinado el importe de la indemnización ni su método de aplicación.

La propuesta ha agudizado las tensiones entre bancadas legislativas y ha colocado al gobierno en una posición vulnerable, cuestionado tanto por la falta de previsión como por la forma en que ha manejado la crisis.

Amenazas institucionales y perspectivas políticas

El incidente Koriun cuestiona la habilidad del Estado hondureño para asegurar la seguridad legal y salvaguardar a sus ciudadanos contra engaños financieros. La ausencia de vigilancia adecuada, la tolerancia con la que la empresa funcionó y la reacción demorada del gobierno han intensificado la percepción de ineficiencia institucional.

En el contexto mundial, el panorama podría perjudicar la percepción del país como un lugar seguro para invertir, mientras que a nivel local, la gestión del asunto ha alimentado una imagen de deterioro que ya perjudica al gobierno en diversos aspectos. En un entorno de otras acusaciones de corrupción, el escándalo Koriun corre el riesgo de tornarse en un ejemplo más de la carencia de transparencia y supervisión gubernamental.

El ejecutivo de Xiomara Castro se enfrenta a un desafío complicado: abordar una crisis social genuina sin comprometer la credibilidad institucional ni intensificar el ambiente de polarización. La manera en que se maneje esta coyuntura será crucial para su estabilidad política y para el grado de confianza que la población conserve en las instituciones públicas.