Las claves del narcovideo en Honduras y su impacto en el gobierno actual

Diez meses después de la publicación del video que relaciona a un personaje central del entorno presidencial con actividades de narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados tangibles. La falta de acción del Ministerio Público frente a un escándalo que implica al círculo más íntimo de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y fomentado una desconfianza creciente en las instituciones.

Ministerio Público sin explicaciones definitivas en un caso de gran repercusión

A partir de septiembre de 2024, se divulgó un video denominado «narcovideo» en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con narcotraficantes. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado un progreso procesal claro. En el video, las personas involucradas ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido actualmente en el poder.

Tras la filtración, Carlos Zelaya renunció a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional. Lo mismo hizo su hijo, José Manuel Zelaya, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, jefe de la bancada oficialista, también puso su puesto a disposición. Sin embargo, más allá de estas salidas, no ha habido acciones judiciales concretas.

El Ministerio Público ha comunicado que el asunto está «bajo revisión», con una petición de ayuda legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a procesos anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se tienen resultados de estas diligencias, ni se ha divulgado un calendario público de la investigación.

Reacciones políticas y demandas de rendición de cuentas

La publicación del video causó una serie de respuestas de varios grupos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier relación entre políticos y grupos delictivos, pero señaló que la divulgación era un esfuerzo por desestabilizar su administración antes de las elecciones de 2025.

Sin embargo, para grupos anticorrupción y sectores en contra, el escándalo ha cuestionado la honestidad del plan político de LIBRE. Algunos actores han pedido incluso la dimisión de la presidenta, afirmando que el caso va en contra de su mensaje de cambio y de combate contra el narcoestado.

Estas posturas reflejan una tensión creciente en el ámbito político nacional, donde los llamados a esclarecer responsabilidades chocan con una respuesta institucional percibida como insuficiente. La falta de acciones concretas por parte del Ministerio Público ha alimentado la narrativa de impunidad en casos que tocan a figuras cercanas al poder.

Desgaste institucional en un escenario de polarización política

El “narcovideo” no es un caso único. Forma parte de varios escándalos recientes que han mermado la confianza del público en los cambios prometidos por el gobierno de Castro. La ausencia de acciones judiciales ha fortalecido la opinión de que el gobierno no responde con igual firmeza cuando los involucrados pertenecen al partido en el poder.

Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este caso cobra importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el partido gobernante intenta reducir el impacto del escándalo en su discurso público. En esta situación, la exigencia social por transparencia y justicia permanece como un factor de presión constante.

Un ejemplo que refleja la situación de la institucionalidad en Honduras

A casi un año de haberse publicado, el narcovideo todavía no ha tenido repercusiones legales notables, mientras crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura informativa. La prolongada inacción sigue debilitando la legitimidad de las instituciones en un país caracterizado por su trayectoria de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en la esfera política.

La gestión de esta situación constituye no solo un desafío inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial de la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se ignore determinará el rumbo de la credibilidad institucional en vista de un proceso electoral sumamente polarizado.